Hoy tuve la oportunidad de leer un interesante artículo publicado en el NY Times (ver artículo aquí) acerca del futuro de la ciencia política; discusión surgida a raíz de un posible recorte de financiamiento estatal para la investigación académica en materia de ciencia política debido a su “falta de utilidad y aplicación” a la resolución de los problemas políticos cotidianos.
El tema se presta para una profunda autorreflexión desde lo interno de la academia y sin duda existe mucha tela que cortar. Sin embargo, considero que Guatemala y su “pseudo-academia” no se encuentra exenta de este debate y autocrítica, aunque los motivos para llevar a cabo esta discusión sean en muchos casos diametralmente opuestos.
Mi experiencia personal, me llevó a explorar la ciencia política por un interés y curiosidad que siempre he tenido por comprender la naturaleza de los fenómenos sociales, nuestras relaciones como seres humanos y como el poder y las instituciones de un país conforman distintos arreglos sociales (unos mas eficientes que otros) que permiten (o no) una mejor convivencia en sociedad.
A un año de haberme titulado como politólogo, tengo la oportunidad de poner en contexto lo aprendido y de este ejercicio nacen algunas críticas que considero oportuno dar a conocer.
Los avances logrados durante los últimos años en materia de descentralización del Estado, formalmente a partir del 2002 con la ley general de descentralización, han sido sumamente importantes. Ello ha permitido en cierto grado trasladar varias de las decisiones en materia pública al ámbito local, donde la gente es realmente consciente de sus verdaderas necesidades.
Sin embargo, hay que reconocer que existen aún grandes limitantes en este proceso y los alcaldes de muchas municipalidades (especialmente en el área rural) no han permitido la transparencia necesaria para favorecer un proceso de empoderamiento de la sociedad civil y no han tenido la visión suficiente para trascender el “electorerismo” e impulsar un verdadero desarrollo local.
Hoy en día, debido a la fuerte crisis económica que aun nos afecta (especialmente en la caída de la recaudación tributaria) salen a luz las debilidades de este proceso descentralizador, y en este momento se encuentra en tela de juicio el financiamiento del desarrollo local.
Las acciones de presión tomadas por los alcaldes ante el Congreso para incrementar el aporte constitucional del IVA-Paz, que otorga el Gobierno Central a las comunas, de un 1.5% a un 3%, es solo una medida de desesperación ante la crisis. Sin embargo, a mi criterio no constituye una verdadera política para encaminarnos hacia el impulso de procesos de desarrollo local.
En última instancia, no se trata solo de tirarle mas dinero a las alcaldías para resolver el problema de financiamiento, se trata de poner en marcha los mecanismos que obliguen a los alcaldes a poner fin al manejo opaco de los recursos y canalizarlos hacia la inversión de las verdaderas necesidades de las personas.
Creo que ya hemos tenido suficiente de inversión en obra gris para comprar votos; el Congreso debe analizar seriamente los esquemas de financiamiento para los gobiernos locales, y si verdaderamente se propone un cambio, los alcaldes deben ser coaccionados a poner fin a practicas de corrupción y clientelismo.
No hacerlo así, solo prolongará la situación.
De regreso con el posteo nuevamente, después de algún tiempo de ausencia.
En estos últimos días me he dedicado a seguir el debate en torno a lo que sucede en el acontecer político y económico del país. Sin embargo, más allá de la coyuntura, tengo una preocupación que últimamente ha estado dando vueltas en mi cabeza y quiero aprovechar el espacio para tratar de darle forma.
Un simple vistazo a las columnas de opinión que se escriben a diario en los periódicos del país basta para encontrar una preocupación que une a los columnistas sin importar sus diferencias: Guatemala se encuentra mal, tenemos muchos problemas y creo que basta hechar un vistazo a la realidad para darnos cuenta de que es una preocupación muy válida.
De tal cuenta, el debate nacional, sus distintas corrientes de pensamiento y las personas que participan de esa discusión, coinciden en lo mal que estamos como país. Sin embargo, aparentemente existen visiones diametralmente opuestas al respecto de las causas de nuestra situación.
No se si exagero un poco, pero he percibido una creciente polarización de nuestra sociedad, iniciando con el caso Rosenberg, y sumandose a lo sucedido en Honduras, los “formadores de opinión” van tomando posiciones cada vez más divergentes y se va volviendo cada vez más dificil encontrar los puntos comunes.
Realmente considero que lo que este país necesita es menos polarización ideológica y mayor convergencia en espacios comunes de ideas, que permitan consensuar una visión de largo plazo sobre lo que queremos para nuestra sociedad, que nos permita salir de este estado permanente de estancamiento que cada vez pesa más.
Y creo que ello pasa por un elemento que ha estado ausente en todas las discusiones hasta el momento: los datos.
Me explico:
Recientemente, tuve la oportunidad de leer un informe del Banco Mundial en el cual se evaluan los logros alcanzados por el país en el período 2000-2006 en materia de reducción de la pobreza y mejora de los indicadores de bienestar de la población. El título del estudio, creo que resume muy certeramente la situación: buen desempeño a bajo nivel.
En ese sentido, resulta innegable que han existido avances en la materia, sin embargo estos no han sido lo suficientemente grandes ni sostenidos para superar los enormes retos históricos que afronta el país. Para ello se requiere de una continuidad de los esfuerzos que permitan consolidar los logros en un horizonte de mediano y largo plazo.
Tomando en cuenta los retos que la actual crisis económica mundial plantea para nuestro país, me llamó la atención lo que se menciona en el informe en cuanto al tema de las remesas:
Las remesas internacionales y locales han doblado su importancia como fuente de ingresos en los hogares […]. Las remesas se han tornado especialmente frecuentes entre los hogares de bajo estatus socioeconómico, sobre todo en aquellos que están cerca de la línea de pobreza, lo cual sugiere que las remesas han tenido un papel importante, ayudando a los hogares a salir de la pobreza. Por otro lado, esto significa que los hogares se han vuelto dependientes de estas remesas, lo cual aumenta su vulnerabilidad frente a las condiciones externas.
Banco Mundial (2009), Guatemala: Evaluación del Bienestar.
Es innegable el creciente rol de importancia que las remesas han tenido en los últimos años para la economía del país, por ello considero que esta cita es clave para comprender porque la crisis en Estados Unidos puede tener un impacto tan fuerte en la economía guatemalteca, especialmente entre la población dentro de la frontera de pobreza. Los avances en la reducción de la pobreza logrados del 2000 a la fecha en el país, no han logrado consolidarse completamente, y un shock externo como este podría muy facilmente significar un doloroso retroceso en los avances logrados.
A continuación se muestran dos gráficas que a mi criterio, permiten comprender el alto grado de interacción entre la crisis en Estados Unidos, el flujo de remesas y la economía guatemalteca:
Gráfica 1. Tasa de Desempleo por Estado (Junio 2009)
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics (2009).
La situación económica del país, lejos de presentar algún tipo de estabilidad o mejora, simplemente sigue cayendo en picada sin ningún tipo de reacción por parte del gabinete económico.
El panorama actual al cual nos enfrentamos:
-
Agujero fiscal de Q1 mil 955 millones (0.6% del PIB).
-
Caída en el nivel de exportaciones e importaciones.
-
Caída en los ingresos por remesas (impacto directo sobre los sectores más pobres del país).
-
Escenario deflacionario.
-
Depreciación progresiva de la moneda.
-
Desaceleración pronunciada de la actividad económica en general.
La lógica de las políticas anti-cíclicas, siguiendo las importantes lecciones de Keynes, es que ante una caída abrupta en el consumo y la inversión privada (lo que estamos viviendo), el gobierno busca mediante la política fiscal generar inversión pública que logre compensar la ausencia de consumo privado y mantener así a flote la actividad económica.
Sin embargo, el gasto del sector público ha venido desacelerándose progresivamente. El famoso plan de reactivación económica, prácticamente ha quedado en el olvido y la actuación del BANGUAT en cuanto a la política monetaria ha sido demasiado tímida ante las condiciones de liquidez que la economía exige.
Como mencioné anteriormente, el escenario en el Congreso de la República después de la crisis política, se traduciría en un estancamiento para impulsar una acción significativa del gobierno para reactivar la economía. Creo que la predicción no falló, y a la fecha aún esperan por ser aprobados importantes proyectos de ley que eran necesarios hace tiempo atras.
Lastimosamente, nos encontramos ante un estado de inacción que conllevará importantes (y negativas) consecuencias para una gran parte de la población; pero ante todo considero que existen algunas lecciones importantes en cuanto a las causas de esa inacción gubernamental en materia económica y mucho de ello se encuentra, no solo en la incapacidad de previsión del gobierno, sino en la forma del diseño de sus instituciones.
En sucesivos posts me dedicaré a analizar un poco estas causas.
En este momento me encuentro realizando algunos cambios a la página, por lo que el posteo y los accesos podrían estar irregulares en los próximos días..
Pienso agregar nuevas secciones de interés y enfocar el blog hacia la idea original, la discusión de políticas públicas, sin caer tanto en el seguimiento de la coyuntura.
Gracias por visitar el blog y por su paciencia!
Estaré avisando cuando finalice los cambios muy pronto.
Sin comentarios…
(da tristeza a veces nuestra fauna política y sus “consensos”)
Cada vez me voy convenciendo más sobre la hipótesis de la participación de Sandra Torres en las próximas elecciones presidenciales.
La nueva encuesta presentada por Prensa Libre sobre los avances del gobierno al cabo de un año y medio de ejercer el poder, muestra una sociedad bastante polarizada, donde nuevamente el eje urbano-rural demarca diferencias sobre la percepción de los logros de la UNE en el gobierno.
En el caso de Sadra Torres, si bien su apoyo decayó, el apoyo a sus programas en el área rural sigue siendo fuerte, lo cual lleva a pensar que los programas de Cohesión Social le han valido un importante capital político.
Profundizando en la “hipotetización”, al parecer Colom no cuenta con el carisma, ni el apoyo suficiente para impulsar una estrategia de modificar la Constitución para lograr la reelección (a la Chávez) y lo probable es que opte por mantener continuidad en el poder mediante un relevo de la primera dama (a la Kirchner).
Lo interesante del tema, es que existe una importante dimensión legal que limitaría la posibilidad de elección de la actual primera dama. Al respecto han escrito columnas los abogados Álvaro Castellanos Howell y Alejandro Baldizón. Sin embargo, no hay que olvidar que en Guatemala la aplicación o no de las leyes en última instancia depende de la voluntad política y la correlación de fuerzas en las instancias decisivas.
Aún faltan 2 años para las próximas elecciones, y mucho puede cambiar.. ¿Apuestas?
Como algunos ya sabrán, nos encontramos en el proceso de conformar las comisiones de postulación para la elección de los magistrados para la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Hasta el momento, lo interesante de éste proceso ha sido la entrada en vigencia de la nueva ley de comisiones de postulación, la cual ha desarrollado, mediante mecanismos electorales, lo estipulado en la Constitución, para garantizar una mayor transparencia en el proceso.
Ésta nueva etapa se ha caracterizado por un fuerte acompañamiento e involucramiento de distintos sectores de la sociedad civil interesados en garantizar la validez y transparencia de la conformación de la comisión de postulación y algunos grupos (ej. Rectores de las universidades) que han buscado realizar sus elecciones obviando los mecanismos estipulados en la nueva ley, utilizando todo tipo de amparos legales.
Pero lo que me llamó más la atención fue la nueva controversia suscitada en éste proceso.
La deflación se entiende como una caída generalizada en los precios de una economía y es un fenómeno que se encuentra fuertemente asociado a una fuerte contracción de la demanda.
En este momento, la mayoría de países a nivel mundial se encuentran utilizando todo tipo de medidas de política monetaria y fiscal para tratar de evitar una situación deflacionaria a toda costa.
Guatemala no parece ser una excepción a esta amenaza. De acuerdo al INE, el IPC se situó para el mes de junio en 0.62%, prolongando la tendencia de caída del ritmo inflacionario a lo largo del 2009 (ver línea roja).

El FMI considera que existe deflación cuando los precios decrecen durante dos trimestres consecutivos. En este momento, nos encontramos cerca de ese limite, lo cual pone a la economía guatemalteca en un estado sumamente frágil.
Sin embargo el BANGUAT parece seguir negando la posibilidad de tal fenómeno en el país y las medidas de política monetaria que han adoptado para contrarrestar la caída de la demanda han sido demasido conservadoras.
Por el momento, la tasa líder se mantiene en un 5.25% (a diferencia de otros países latinoamericanos que han bajado considerablemente las tasas), lo cual no ha favorecido la inyección de liquidez a la economía.
De acuerdo a sus proyecciones, el BANGUAT sigue insistiendo que habrá un repunte inflacionario hacia el tercer trimestre del año, sin embargo la caída drástica del IPC no parece favorecer esta estimación.
En última instancia, parece que los temores del BANGUAT a una futura inflación nos están llevando a una muy posible situación deflacionaria, esto tendría consecuencias fatales para nuestra economía (peores que las inflacionarias) y muy probablemente nos veriamos atrapados en una trampa de liquidez de la cual sería sumamente dificil de salir.
Lastimosamente, parece que nuestras autoridades han decidido reservar la política monetaria y fiscal para cuando ya sea demasiado tarde, confiandose en una futura (y sumamente incierta) recuperación de la economía internacional.